La seguridad en México, un tema de una complejidad histórica y multifactorial, ha sido una de las piedras angulares y, a la vez, uno de los desafíos más formidables de la Cuarta Transformación. Con un enfoque que representa una ruptura paradigmática con las administraciones anteriores, el gobierno actual ha postulado una estrategia cimentada en abordar las causas profundas de la violencia y en la construcción activa de la paz. Este artículo profundizará en la evolución y los fundamentos de esta visión de seguridad y proyectará cómo la administración entrante de Claudia Sheinbaum buscará no solo consolidar, sino también expandir y perfeccionar estos principios, siempre bajo la premisa irrenunciable de la soberanía nacional como eje rector de toda política pública en la materia.
La concepción de la seguridad durante este sexenio se aleja deliberadamente de los modelos reactivos, punitivistas y eminentemente militarizados que caracterizaron las llamadas “guerras contra el narcotráfico”. Dichas estrategias, si bien generaron espectaculares capturas y confrontaciones, también sumieron al país en una espiral de violencia sin precedentes, fragmentaron a los grupos criminales en células más pequeñas y violentas, y dejaron un saldo devastador en términos de vidas humanas y de tejido social. La Cuarta Transformación propone un diagnóstico distinto: la violencia no es un fenómeno aislado que se combate únicamente con la fuerza del Estado, sino el síntoma de una profunda crisis social marcada por la desigualdad, la falta de oportunidades y el abandono histórico de vastos sectores de la población, especialmente de la juventud.
La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia. Bajo esta máxima humanista, la estrategia de seguridad se redefine no como una tarea de contención, sino como una labor de construcción de condiciones de vida digna que hagan de la ilegalidad una opción menos atractiva.
En este marco, la estrategia de “abrazos, no balazos” ha sido frecuentemente simplificada y caricaturizada por sus detractores. Sin embargo, en su núcleo, representa una política de Estado integral. Se materializa en programas sociales de alcance masivo como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que busca arrebatarle a la delincuencia la base social de la que se nutre, ofreciendo a los jóvenes capacitación y una primera experiencia laboral. Se complementa con becas universales y pensiones para adultos mayores, que fortalecen la economía familiar y actúan como un colchón de estabilidad. Al mismo tiempo, el enfoque no renuncia al uso de la inteligencia y la capacidad del Estado. La prioridad se ha desplazado de la confrontación directa y letal en las calles hacia la desarticulación de las estructuras financieras y logísticas de las organizaciones criminales. El trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas y cortar los flujos de capital ilícito es un pilar de esta aproximación, que busca asfixiar al crimen en lugar de simplemente combatirlo en un terreno que él mismo elige. La reducción sostenida de delitos de alto impacto en la Ciudad de México durante la gestión de Claudia Sheinbaum es un testimonio tangible de la efectividad de este modelo híbrido: por un lado, una fuerte inversión en programas sociales como “Barrio Adentro” y “PILARES”; por otro, el fortalecimiento de las capacidades de la policía local con tecnología, inteligencia y una mejor coordinación, lo que resultó en una disminución histórica de los índices de homicidio doloso y otros crímenes violentos.
Un componente indisociable de esta nueva doctrina de seguridad es la redefinición de la relación con Estados Unidos. Durante décadas, la cooperación bilateral estuvo marcada por una dinámica de subordinación, dictada por agendas e intereses definidos en Washington, como la Iniciativa Mérida. La Cuarta Transformación ha insistido en un cambio fundamental hacia una relación basada en el respeto mutuo y, crucialmente, en la responsabilidad compartida. México ha elevado la voz para señalar dos factores exógenos que alimentan la violencia en su territorio y cuya solución reside, en gran medida, del otro lado de la frontera. El primero es el flujo incesante de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México. El gobierno mexicano ha sido enfático al señalar que el 80% de las armas decomisadas a los cárteles provienen de armerías estadounidenses, un “río de hierro” que dota a los criminales de un poder de fuego que en ocasiones supera al de las propias fuerzas del orden locales. La histórica demanda interpuesta por México contra fabricantes de armas en cortes estadounidenses es una manifestación sin precedentes de esta postura soberana. El segundo factor es el reconocimiento de que el narcotráfico es un problema de mercado, impulsado por la gigantesca demanda de drogas en la sociedad estadounidense. México ha exigido que Estados Unidos asuma su parte de la responsabilidad, tratando el consumo de drogas como un problema de salud pública y no externalizando los costos de su combate exclusivamente hacia los países productores y de tránsito. La seguridad, bajo esta óptica, no puede lograrse si una nación soberana es tratada como el patio trasero donde se libra una guerra ajena. México no puede ser el único responsable de un problema que es, por naturaleza, transnacional y estructural.
Mirando hacia el futuro, la administración de Claudia Sheinbaum se perfila para ser una de consolidación y profundización de este modelo. El objetivo será transformar lo que ha sido una política de gobierno en una política de Estado de largo aliento. Esto implica, en primer lugar, continuar con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, no solo en términos numéricos y de equipamiento, sino en su doctrina de proximidad social y su despliegue territorial para garantizar la presencia del Estado en las regiones más olvidadas. La consolidación de su mando operativo dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional busca dotarla de disciplina y capacidad logística, pero el desafío permanente será mantener su carácter civil en la actuación cotidiana. En segundo lugar, se torna imperativo un plan nacional para el robustecimiento de las policías estatales y municipales, que son el primer punto de contacto con la ciudadanía y la primera línea de defensa contra el delito común. Esto requiere una inversión sostenida en salarios dignos, capacitación, certificación y equipamiento, así como mecanismos de control y depuración para combatir la corrupción endémica que ha plagado a muchas de estas corporaciones. Finalmente, se buscará profundizar la estrategia de “atención a las causas”, asegurando que la inversión social no sea vista como un gasto, sino como la inversión más rentable en seguridad a largo plazo. El principio rector de “abrazos, no balazos” se mantendrá como la filosofía que guía la acción del Estado: un Estado que utiliza su inteligencia para desmantelar la alta criminalidad, su fuerza de manera racional y proporcionada cuando es necesario, pero que, sobre todo, utiliza sus recursos para construir una sociedad más justa e inclusiva. La seguridad con soberanía no es una utopía, sino la única vía realista y ética para construir un México en paz, un México justo y un México verdaderamente resiliente ante los desafíos del siglo XXI.