La jefa de Gobierno Clara Brugada presentó la Ley de rentas justas, razonables y asequibles, con un objetivo claro: frenar el encarecimiento desmedido de la vivienda y proteger a quienes llevan años construyendo comunidad en la ciudad.
La propuesta busca que los aumentos en renta no rebasen la inflación, poniendo un límite a prácticas que han desplazado a familias enteras de sus propios barrios. Pero el fondo va más allá: se trata de garantizar el derecho al arraigo, de que vivir en la ciudad no dependa del poder adquisitivo, sino de la historia y el vínculo con el territorio.