La oposición volvió a presentar como “ley antimemes” una iniciativa que sanciona el uso de imágenes oficiales con fines comerciales cuando se utilicen para engañar o cometer fraude. El meme, como tal, no aparece como delito.
La etiqueta suena escandalosa, pero basta leer la iniciativa para encontrar la diferencia: no se busca perseguir bromas, sino impedir que alguien use la imagen del gobierno para hacerse pasar por una autoridad y estafar.
