Al referirse a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, la presidenta cuestionó la solidez de los elementos presentados, señalando que el documento mostrado apenas contenía nombres y alias, sin sustento contundente.
Su postura no fue de defensa automática, pero sí de método: si no hay pruebas claras, la acusación puede tener un trasfondo político.
Además, advirtió que México no permitirá injerencias externas y que cualquier acción deberá pasar por la Fiscalía y el marco legal nacional.